Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, CCOO advierte que la situación de la personas extranjeras, bien en términos económicos o en términos sociales, es inaceptable fruto de un desarraigo social y una desprotección de sus derechos fundamentales como personas residentes, comenzando por el propio derecho a vivir en familia, a residir legalmente y a disponer de un trabajo digno que asegure una subsistencia digna, sin olvidar aquellos mensajes y rumores y actitudes de tinte xenófobo y/o racista encaminados a sembrar el odio y la exclusión.

El responsable de Migraciones de CCOO de Córdoba, Said Faz, explica que en la provincia de Córdoba, a fecha de 30 de junio de 2017, vivían en la provincia 28.358 personas extranjeras, la mayoría de ellas comunitarias (21.360). De esta forma, la inmigración en Córdoba representa sólo un 0,6% del total de la población, muy lejos de las medias europeas.

Para CCOO, la normativa de extranjería y la nefasta Reforma Laboral han supuesto una barrera infranqueable para una verdadera integración social, una integración que se ha caído de la agenda política convirtiéndose en una mera cuestión de buena voluntad política y/o ideológica.

“Es inaceptable que convivamos con personas que llevan más de diez años en nuestra provincia y no pueden regularizar sus situaciones administrativas. Sirva de ejemplo el caso del senegalés Mame Mbaye, fallecido en Madrid tras catorce años viviendo en nuestro país sin haber podido regularizar su situación administrativa, apunta Faz.

En este sentido, el sindicato afirma no entender cómo hay menores españoles con padres y/o madres viviendo de forma irregular o que haya personas que pierden sus autorizaciones de residencia por el mero hecho de no cotizar lo suficiente a la Seguridad Social en un contexto de crisis en el empleo y escasez de ofertas de trabajo.

Asimismo, CCOO denuncia que existe una desprotección sin parangón en el mercado laboral de trabajadores extranjeros y trabajadoras extranjeras, mientras que las estructuras políticas cierran los ojos y consienten esta realidad.

Por otra parte, la organización sindical advierte que no va a permitir que existan instituciones donde se vulneran los derechos de los inmigrantes como los centros de internamiento para extranjeros donde se “encierra” a las personas inmigrantes por cometer una simple falta administrativa. “Resultan inaceptables las devoluciones en caliente o fomentar discursos demagógicos contra personas que vienen a buscar una vida mejor”, dice Faz.

Ante esta situación, CCOO exige al Gobierno y a todas las administraciones públicas el cumplimiento de sus responsabilidades políticas hacia las personas migrantes que viven en Córdoba, acordando medidas que garanticen el respeto a los derechos humanos de estas personas y luchando contra cualquier actitud de tinte xenófobo y racista.

Además, el sindicato reclama una revisión urgente de la normativa de extranjería para adaptarla a la realidad social y económica del país, teniendo en cuenta un mercado de trabajo marcado por la alta precariedad y temporalidad. “Queremos una normativa encaminada a potenciar las políticas de protección social para implementar nuevas estrategias que supongan una eficaz lucha contra el racismo y la xenofobia, para garantizar la igualdad de trato en el acceso al empleo, al sistema de protección social de todas las personas con independencia del color o la procedencia, etnia, origen o cualquier otra razón de índole racista o xenófoba”, apostilla Said Faz.

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