El Sindicato Provincial de Construcción y Servicios de CCOO de Córdoba ha celebrado una asamblea con una treintena de delegadas en las empresas Clece, ADL y Servisar, adjudicatarias de los servicios de ayuda a domicilio en toda la provincia, en la que se ha puesto de manifiesto la preocupación de las trabajadoras por las constantes agresiones físicas y verbales que sufren por parte de algunos usuarios y personas de su entorno.

Por ello, la secretaria General del mencionado sindicato provincial, Isabel Medina, ha vuelto a reclamar a los ayuntamientos y al Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) que se establezca un protocolo de actuación inmediata ante agresiones a las auxiliares de ayuda a domicilio.

En este sentido, Medina recordó que ya hace más de un mes que se reclamó al Ayuntamiento de Córdoba dicho protocolo y “no ha hecho nada, salvo tratar de excluir a CCOO de la Comisión de Municipalización del servicio de Ayuda a Domicilio”. Igualmente, en una reunión mantenida por la secretaria General de CCOO, Marina Borrego, y la propia Isabel Medina con la delegada de Asuntos Sociales de la Diputación de Córdoba, Felisa Cañete, se le trasladó también esta cuestión, ya que el IPBS es el encargado de gestionar el servicio en los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Sin embargo, a fecha de hoy, no se ha concretado ninguna reunión para empezar a abordar el contenido de dicho protocolo.

En la asamblea de delegadas también se puso de manifiesto la falta de coordinación entre los ayuntamientos y el IPBS y las empresas adjudicatarias del servicio, siendo especialmente grave la descoordinación en el caso del Ayuntamiento de Córdoba, lo que provoca situaciones tensas entre trabajadoras y usuarios.

En este sentido, el sindicato critica que los asistentes sociales no visiten a los posibles usuarios para determinar con exactitud las necesidades de cada uno y detectar posibles riesgos para la salud y la seguridad de las trabajadoras y que esta información no se ponga en conocimiento de las empresas para evitar situaciones problemáticas.

Sobre esta cuestión, la responsable sindical explicó que las empresas tienen sus propios protocolos ante agresiones, agresiones que muchas veces no se denuncian “porque los ayuntamientos no abonan las horas que se dejen de prestar a un usuario cuando una trabajadoras abandona el domicilio ante una situación de amenaza o agresión, y claro, como la mayoría tienen contratos temporales, por horas, no quieren arriesgarse a perder el trabajo, y lo único que se hace es cambiar a la auxiliar que atiende al usuario, con lo que no se soluciona el problema”.

Por ello, CCOO reclama a los ayuntamientos que se abonen las horas que se puedan perder de servicio cuando esta pérdida se deba a una mala actuación por parte del usuario o una persona de su entorno y se dejen de prestar siguiendo los protocolos de la empresa.

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